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Un juez de Lleida impide cobrar multas de tráfico mientras se recurre

abril 30, 2011

Un auto judicial critica el afán recaudatorio de la Administración y duda de su solvencia si pierde un pleito. El auto acusa a la Generalitat de actuar con temeridad y mala fe procesal durante el litigio

Un  juez de Lleida ha advertido a la Generalitat de que no puede cobrar las multas de tráfico antes de que concluyan los trámites de alegaciones, lo que define como un “procedimiento repudiable”. Además, critica duramente la intención de cobrar primero y devolver el dinero después si pierde, porque la “notoria solvencia de la Administración es algo bastante discutible en estos momentos”, y el método es contrario a la Constitución.

El auto judicial es especialmente duro con la Generalitat por tres motivos: por lo que califica de su afán recaudatorio, por el uso del idioma con personas de fuera de Catalunya y por la mala fe procesal.

A tenor de lo que cuenta el auto, no es el primer desencuentro entre el magistrado, titular del juzgado contencioso administrativo número 1 de Barcelona, y los servicios jurídicos de la Generalitat, pero en este caso concreto el problema se suscita por una multa impuesta por el Servei Català de Trànsit a un ciudadano el 3 de septiembre pasado, que le acarreó una sanción económica y la retirada de puntos del carnet. El afectado recurrió y perdió en vía administrativa, optando entonces por acudir a la vía judicial.

El 7 de marzo, el magistrado dictó un auto de medidas cautelares, en la que suspendía el pago de la multa en tanto continuara el proceso y ordenó que se le devolviera el dinero recaudado hasta entonces y que se reintegraran los puntos detraídos en el carnet por este asunto. Esta decisión fue recurrida por la Generalitat y el juez ha respondido con un duro auto en el que desestima todos los argumentos de la Administración y le condena a pagar las costas, porque aprecia en los argumentos de la Generalitat “una evidente temeridad y mala fe a partes iguales”. Entre las cuestiones que el juez afea están el uso de firmas escaneadas y la no entrega al juzgado del expediente de la multa, lo cual raya “en la resistencia a la colaboración con la justicia”.

En cuanto al núcleo del asunto, la multa, el magistrado explicita que, en el proceso judicial, “no necesariamente los intereses que la Administración dice representar son superiores o prevalentes a los del ciudadano. Es más, no se acierta a entrever qué interés público puede tener la Generalitat de Catalunya en cobrar una multa”. Aún más, en cuanto a la pretensión de primero recaudar y después devolver el importe si pierde el pleito, el juez tampoco ahorra descalificaciones. Define que la Generalitat “ha demostrado de forma fehaciente el nefasto uso que está realizando de las potestades sancionadoras, que parecen pretender la recaudación de la sanción antes que otra cosa”. Añade que en vía judicial la Administración no tiene privilegios y recuerda una reciente sentencia del Tribunal Supremo, según la cual “la utilización de la sanción para fines recaudatorios es sencillamente repudiable”.

Ni siquiera el compromiso de devolver el importe si se pierde el litigio le vale al juez, pues esgrimir la “notoria solvencia” de la Administración es “algo bastante discutible en estos mismos momentos”. Y sigue argumentando que, en realidad, a la Generalitat le dan igual las alegaciones del recurrente “y de nuevo sale a relucir y se desliza sibilinamente la intención de la Administración de creerse con el derecho preconstituido a hacerse con el producto de la sanción a toda costa, admitiendo incluso la posibilidad de tener que devolver más tarde el importe del mismo (obviamente con los debidos intereses), actuación que resulta manifiestamente contraria a los principios de eficacia y eficiencia” recogidos en la Constitución española.

“Prefiere la Administración”, señala el auto del juez, “hacerse con el importe (de la multa) en el convencimiento (de que) para devolverlo siempre dispondrá de dinero público, es decir, con pólvora del rey. No cabe más atrevimiento en quien se supone que ejecuta el presupuesto y decide sobre el dinero público con objetividad y en aplicación de criterios economicistas”.

La lengua y la administración regional

El idioma tampoco facilita el entendimiento entre el juez y la Generalitat. Puede leerse en el auto que el conductor lamentó el uso del catalán en el proceso cuando los recurrentes (actor y letrado) son de Madrid. “Esto, lamentablemente, es bastante habitual en esta administración regional, que parece ser incapaz de dirigirse a los administrados en la lengua oficial por ellos elegida”. Para el magistrado esto causa “potenciales y manifiestas indifensiones en el procedimiento judicial abierto”. El juez añade que “el expediente había sido tramitado en castellano, lo cual demuestra que la administración regional catalana sabe usar el castellano perfectamente; e incluso lo usa cuando le conviene, en este caso para cobrar una multa de tráfico”.

Fuente: La Vanguardia, 30.04.2011

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