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Acudir al lugar de trabajo con droga no es causa de despido

marzo 28, 2011

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña cree que la mera posesión de estupefacientes, si no va acompañada de consumo, no incide en la labor del empleado por lo que no merece la máxima sanción.

Acudir al puesto de trabajo portando droga no es causa de despido. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en una reciente sentencia, ha declarado que la mera tenencia de estupefacientes en el lugar de trabajo no es una conducta que alcance la gravedad suficiente como para imponer la máxima sanción.

La Justicia, con esta decisión, vuelve a limitar la facultad del empresario de despedir. Los jueces ya han advertido de que agredir al jefe o ver porno en el portátil de la empresa son conductas que no merecen el despido. Por tanto, parece que existe una tendencia entre los tribunales de minusvalorar los comportamientos de los trabajadores en detrimento de la figura del empresario y de su poder de dirección.

En el caso concreto analizado por el Tribunal Superior de Cataluña, la empresa –un club nocturno– sancionó al trabajador con el despido tras haber sido éste detenido en el centro de trabajo por la Guardia Civil por la comisión de un presunto delito contra la salud pública, que estaba siendo investigado por un juzgado de instrucción de Figueres. En dicha detención se evidenció que el empleado tenía en su poder estupefacientes –cocaína– y una elevada cantidad de dinero, concretamente 2.010 euros. La compañía consideró que, con independencia de que dicha droga fuera para su consumo o para venderla a terceros, el empleado había transgredido la buena fe contractual al acudir a su puesto de trabajo portando droga.

En la carta de despido, la empresa señalaba que la actuación del empleado “es gravísima y atenta contra los principios de convivencia, buena fe y diligencia en el trabajo que debe presidir toda relación laboral”. En la misma misiva, la compañía indicaba que tenía constancia de que su empleado había realizado operaciones mercantiles con productos prohibidos en horario laboral, así como que había servido bebidas indiscriminadamente sin cobrarlas. Respecto de estas últimas conductas, la empresa renunció en el juicio a imputárselas al empleado.

El trabajador recurrió esta decisión y el juzgado de instancia, en una decisión ahora confirmada por la Sala de lo Social del Alto Tribunal regional, calificó el despido como improcedente.

Para el tribunal de instancia, “la mera posesión de droga, no acompañada de consumo en el transcurso de la jornada laboral, no tiene incidencia ni repercusión alguna en el quehacer profesional del demandante”.

La empresa pidió que se anulara dicha sentencia y se declarara la procedencia del despido, alegando para ello que el trabajador había supuestamente traficado con drogas.

El TSJ de Cataluña resuelve el recurso de suplicación apoyándose en sentencias previas dictadas por la misma Sala en situaciones similares. Así, recuerda que en los casos de vicios habituales –como la embriaguez– la jurisprudencia ha precisado que para que el despido pueda calificarse de justo había que exigir que dicha conducta incida negativamente en el trabajo (indisciplina, rendimiento, puntualidad…). Una cuestión que, según quedó probado, no ocurrió en el caso de autos.

Por otra parte, el tribunal no desprecia el argumento de la empresa de que el comportamiento del trabajador le puede suponer un perjuicio en relación a su clientela. Pese a ello, la sentencia certifica que en el relato de los hechos no consta que “tal consecuencia negativa aparezca como propia de la conducta del empleado”.

Por todo ello, el TSJ condena al club nocturno a readmitir o indemnizar a su empleado, con abono en ambos casos de los salarios dejados de percibir. Además, el alto tribunal regional impone las costas procesales del trámite del recurso a la empresa, incluida la minuta del abogados impugnante del recurso. La sentencia no es firme.

Fuente: Expansion, 21.03.2011 

La UE denuncia que los altos costes y la lentitud alejan a ciudadanos de la justicia

marzo 28, 2011

Los altos costes judiciales y la larga duración de los procedimientos son algunos de los impedimentos que alejan a los ciudadanos de la justicia, según un estudio de la Agencia de Derechos Fundamentales (FRA) de la Unión Europea (UE).

El informe “El acceso a la justicia en Europa: una visión general de retos y oportunidades”, presentado hoy en Budapest, enumera algunas causas que impiden a potenciales víctimas el ejercicio de sus derechos.

Además de la duración excesiva de los procedimientos y los elevados costes judiciales, otra rémora son las normas restrictivas al iniciar un proceso legal, que no permiten que otras entidades como ONG lleven casos a los tribunales, y la variabilidad de las indemnizaciones, en algunos casos excesivamente bajas.

En este sentido, en varios países, como España, Letonia y Lituania, se requiere el consentimiento de la víctima para que las ONG lleven sus casos a los tribunales, mientras que no es necesario en otros, por ejemplo Bulgaria, Hungría, Italia y Eslovaquia.

La FRA indica que 22 de los 27 Estados miembros de la UE imponen límites temporales muy estrictos para iniciar algunos procedimientos judiciales, lo que también puede suponer un obstáculo.

“La posibilidad de hacer valer un derecho es fundamental para hacer de los derechos fundamentales una realidad. El acceso a la justicia no es sólo un derecho en sí, sino que también permite a las personas hacer valer sus derechos y obtener una reparación”, afirmó el director de la FRA, el danés Morten Kjaerum.

Por otra parte, el informe destaca que en los países miembros existen prácticas “prometedoras”, como los seguros para cubrir los costes judiciales, los centros de asesoramiento jurídico, la posibilidad de procedimientos simplificados, la mediación y la ampliación de las normas legales para permitir a diferentes entidades que presenten demandas.

Respecto a la mediación, se señala que en países como España, Francia y Portugal ésta forma parte obligatoria de los procedimientos legales.

Fuente: Expansion, 23.03.2011 

Ver porno en el portátil de la empresa no es causa de despido

marzo 17, 2011

El empleado que causa un daño potencial a la red informática de la empresa al visitar páginas porno no merece ser despedido.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) declara la improcedencia del despido de un trabajador que puso en peligro el sistema informático de la compañía cuando visitaba páginas porno desde el portátil de empresa, contraviniendo las instrucciones dadas por la organización sobre el uso de ordenadores.

En el supuesto en cuestión, la empresa demandada cuenta con un documento interno o protocolo en materia de uso de dispositivos electrónicos de conocimiento general. En dicho documento se advierte a los trabajadores de que el uso de Internet y el correo electrónico sólo se permite para usos profesionales, estando expresamente prohibido navegar por Internet o usar el correo electrónico para fines particulares. Asimismo, existe una guía interna relativa al uso de móviles, donde también se indica que sólo debe utilizarse para usos profesionales.

Según los hechos, el trabajador, que prestaba sus servicios en el departamento de asistencia técnica de la empresa, entregó su ordenador portátil al técnico informático de la compañía, porque aparecían avisos de virus. Al hacer las comprobaciones oportunas, el informático advirtió que el ordenador estaba infecto por el virus Antispyware PRO XP. Para conocer la fuente por la que había sido infectado el ordenador, se procedió a examinar el historial de accesos. De este modo, el técnico informático pudo comprobar que la causa de haberse infectado el equipo fue el acceso del empleado a páginas de Internet no relacionadas con su actividad profesional, algunas de ellas de contenido pornográfico.

Propagación del daño

El técnico informático afirmó en la prueba testifical que el acceso a páginas de Internet, especialmente las de contenido pornográfico, puede provocar incluso que se infecte la red informática interna de la empresa.

En la carta de despido se señaló que la conducta imputada al actor, consistente básicamente en el uso del ordenador portátil contraviniendo las instrucciones de la empresa, constituye “una falta muy grave de desobediencia a los superiores y de fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas”. La sentencia de instancia estimó que se trata de un incumplimiento grave y culpable de las obligaciones contractuales, lo que supone una transgresión de la buena fe contractual y, por tanto, declara procedente el despido.

El TSJM, sin embargo, no comparte el criterio del juzgador de instancia y afirma que, si bien es cierto que el trabajador incurrió en una desobediencia a las instrucciones recibidas en lo relativo al uso del ordenador, “no resulta en absoluto el perjuicio notorio para la compañía, que se alega en la carta de despido para justificar la decisión empresarial”.

El trabajador alegó, además, que el empresario vulneró las normas del Estatuto de los Trabajadores, afirmando que la conducta del empresario al ejercer las facultades de control y vigilancia chocó con la intimidad personal. Al respecto, el TSJM recuerda la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, según la cual, las medidas de control del empresario han de ser “idóneas para el fin perseguido, necesarias al no existir otra vía de actuación menos fuerte y, equilibradas o proporcionadas, al limitarse al lugar y tiempo imprescindibles para comprobar el comportamiento adecuado”.

La Sala insiste en que, en este caso, el empresario no vulneró el Estatuto de los Trabajadores al ejercer las facultades de control. Además, según se reconoce en los hechos, es el propio trabajador quien facilitó al técnico informático su nombre de usuario, contraseña y número PIN de acceso a la tarjeta UMTS.

Infracción del protocolo

La Sala insiste en que la Jurisprudencia destaca que resulta justificado el despido para las conductas que supongan una violación trascendente de la buena fe contractual, con lo que no cualquier transgresión de ella, sino solamente la de carácter grave y culpable, es la que tiene entidad bastante para que resulte lícita aquella sanción.

Según se argumenta en la sentencia del TSJM, si bien es cierto que el actor incurrió en una desobediencia a las instrucciones recibidas sobre el uso del ordenador, “también lo es que del relato fáctico no resulta en absoluto el perjuicio notorio para la compañía”.

El daño en cuestión es potencial y no se ha materializado y, por tanto, no está justificado el despido. El actor, cuyo ordenador se infectó por un virus informático al visitar páginas web de contenido pornográfico, puso en riesgo la red interna de la compañía, poniendo en peligro el buen funcionamiento del sistema informático y provocando un riesgo de pérdida de datos. “El actor ha puesto en peligro la integridad y el buen funcionamiento de la red interna de la empresa”.

La Sala considera que dicho daño potencial, que no se ha materializado no justifica la máxima sanción del despido. Por todo ello, el TSJM estima el recurso, revoca la sentencia del juzgado de lo Social y declara improcedente el despido. (TSJM, 12/01/2010, Rº 5123/2009).

Una colisión de derechos

Según la doctrina de la Sala Cuarta del Supremo, en sentencia de unificación de doctrina, de 26 de septiembre de 2007, el acceso del empresario al ordenador de un trabajador es una medida que debe ser proporcionada y no arbitraria. Los expertos aconsejan que las empresas pacten sus políticas de privacidad y fijen las reglas de uso de los medios informáticos. No obstante, hay algún pronunciamiento reciente que se aleja de esta doctrina que habla del establecimiento previo de unas reglas y de informar al trabajador de que su ordenador puede ser examinado.

La Justicia ha avalado que el empresario acceda al ordenador del trabajador sin su consentimiento y sin haber pactado antes la política de privacidad. Un auto de la Audiencia de Madrid, de 14 de mayo de 2010, avala el acceso al ordenador del trabajador, sin su consentimiento, pese a no haberle informado de los controles ni haber establecido las reglas de uso de los medios informáticos. En este auto, considera el juez que “el ordenador es un instrumento del que es titular el empresario como propietario y que éste tiene facultades de control de su utilización que incluyen su examen”. El auto estima que los intereses de la compañía prevalecen.

Fuente: Expansión, 14.03.2011

Algo se mueve: un juez admite una demanda contra 45 bancos por las ‘cláusulas suelo’ hipotecarias

febrero 14, 2011

Muchos ciudadanos se llevaron una alegría cuando el euríbor comenzó a desplomarse a partir de 2009. Pero esa alegría se convirtió en indignación cuando se dieron cuenta de que en sus contratos hipotecarios habían acordado con su entidad financiera -muchas veces sin saberlo- una cláusula suelo, por la que si el euríbor descendía por debajo de determinado nivel, no les afectaría. El Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid les acaba de dar una esperanza.

El juez ha admitido a trámite una demanda colectiva de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) contra 45 bancos y cajas por “abusar” presuntamente de cuatro millones de consumidores a través de estas cláusulas suelo en sus préstamos hipotecarios que fijan mínimos para los tipos de interés del 3,5%, el 4% o el 5%. El euríbor cerró el mes pasado en el 1,55%.

Adicae asegura que las entidades demandadas se embolsaron con esta práctica “fraudulenta” entre 3.500 y 7.000 millones de euros solo en 2010. La asociación añade que el tribunal ha acordado suspender el proceso dos meses para que puedan sumarse nuevos afectados, y que estudiará la medida cautelar solicitada por la asociación para que las cláusulas suelo dejen de aplicarse de forma “inmediata” y mientras dure el procedimiento judicial a todos los usuarios que se adhieran a su acción colectiva.

El plazo para incorporarse a la demanda se amplía hasta finales de marzo. Los bancos demandados son BBVA, Pastor, Sabadell, Popular, Guipuzcoano, de Galicia, Gallego y Vascona. Entre las cajas demandadas se encuentran La Caixa, Caixa Galicia, Caja Castilla La Mancha, Caja Círculo, La Kutxa y otras.

El presidente de Adicae, Manuel Pardos, aseguró que tanto el Ministerio de Economía como el Banco de España mantienen una posición “cerril” de defensa de las cláusulas suelo, lo que en su opinión es “gravemente injusto” porque “ningunea” a los consumidores y supone “tolerar y justificar los abusos” del sector financiero.

Fuente: El País, 14.02.2011

Sentencia histórica: un juez considera que devolver un piso hipotecado salda la deuda

enero 26, 2011

La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha dictado una sentencia en la que considera que devolver al banco un piso hipotecado es suficiente para saldar la deuda contraída aunque el inmueble haya perdido valor por la crisis y reprocha desde un punto de vista moral la actitud de la entidad.

La Audiencia ha resuelto así un recurso de un banco contra una sentencia de un juzgado de Estella, que consideró que no había lugar a continuar con un procedimiento de ejecución después de que la entidad financiera embargara la vivienda garantía de préstamo y se la adjudicara al quedar desierta la subasta que se convocó.

El préstamo ascendía a 71.225 euros y el banco valoró el inmueble en el contrato de préstamo firmado en 75.900 euros, aunque en la subasta su valor fue de 42.895 euros.

Por esta diferencia la entidad quiso continuar el procedimiento de ejecución sumando costas y liquidación de intereses, y para ello argumentó en su recurso a la Audiencia que esta medida no constituye un abuso de derecho y que la subasta no cubría la deuda demandada.

Sobre este último asunto, el fallo de la Audiencia de Navarra señala que, siendo cierto el argumento, el valor de la finca es suficiente para cubrir el principal del préstamo hipotecario e incluso superior a éste y es el banco el que se la ha quedado, por lo que resulta “circunstancial” que en la subasta el valor fuera inferior y por lo tanto la ejecución solicitada “únicamente” podrá continuar para costas e intereses.

Añade además que en estricto ejercicio del derecho, “formalmente cabría entender que la actuación del banco se ajusta a la literalidad de la ley y que efectivamente tiene derecho a solicitar lo que ha solicitado”, por lo que no existiría un abuso de derecho.

Sin embargo, subraya la Audiencia, existe una reflexión en este caso “cuando menos moralmente intranquilizante” en la argumentación del banco cuando dice que la finca subastada tiene hoy un valor inferior al del momento de la tasación por la situación del mercado, a la que une la crisis económica a nivel mundial.

Y al respecto el tribunal subraya que, “siendo esto así” y “real la importantísima crisis económica”, no se puede desconocer que su origen tiene “una causa precisa y que no es otra”, según han dicho líderes políticos mundiales y expertos en economía, “que la mala gestión del sistema financiero” y las llamadas “hipotecas basura”.

Un sistema del que recuerda al banco que forma parte y esto es algo “que no puede desconocer”, por lo que su pretensión “no constituirá un abuso de poder pero moralmente es rechazable” cuando en su día no hubiera concedido el préstamo por el importe citado si el inmueble no hubiera tenido el valor suficiente como garantía.

En este sentido añade la sentencia que su pérdida de valor actual “es directamente achacable a la crisis económica, fruto de la mala praxis del sistema financiero”, por lo que la sala entiende “especialmente doloroso” que la entidad justifique sus propósitos en unas circunstancias que “han levanto ampollas” en la sociedad.

Fuente: El Confidencial, 26.01.2011

Una empresa podrá ser penalmente responsable, eso es, una delincuente!

octubre 1, 2010

El nuevo Código Penal introduce el concepto de criminalidad empresarial

El 23 de diciembre de 2010 entrará en vigor la Ley Orgánica 5/2010 que regula el nuevo Código Penal, con el que se introduce la responsabilidad penal de las personas jurídicas en determinados delitos.

Evidentemente, el que una empresa pueda ser imputada penalmente, tendrá una gran repercusión en la actividad empresarial. Se adapta así la legislación española a las tendencias de otros países.

 Delitos y posibles repercusiones

Las empresas serán responsables penalmente sobre todo en caso de aquellas figuras delictivas donde la posible intervención de las mismas se hace más evidente (corrupción en el sector privado, en las transacciones comerciales internacionales, pornografía y prostitución infantil …).

En función de la gravedad de los delitos, se podrán imponer a la empresa, penas de multas, la suspensión de la actividad de la misma, la clausura temporal de sus locales y establecimientos, su inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con las Administraciones Públicas y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social su intervención judicial y, en los casos de extrema gravedad, se podrá decretar la disolución de la empresa.

También se regulan taxativamente los supuestos de atenuación de la responsabilidad de las personas jurídicas, entre los que destacan la confesión de la infracción a las autoridades, la reparación del daño y el establecimiento de medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro puedan cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica.

No obstante, al objeto de evitar que la responsabilidad penal de las personas jurídicas pueda ser burlada por una disolución encubierta o aparente o por su transformación, fusión, absorción o escisión, se contienen previsiones especificas donde se presume que existe la referida disolución aparente o encubierta cuando aquélla continúe con su actividad económica y se mantenga la identidad sustancial de clientes, proveedores y empleados, trasladándose en aquellos casos la responsabilidad penal a la entidad o entidades en que se transforme, quede fusionada o absorbida y extendiéndose a la entidad o entidades a que dé lugar la escisión.

Dos ámbitos de actuación

Para la fijación de la responsabilidad de las personas jurídicas se ha optado por establecer una doble vía. Junto a la imputación de aquellos delitos cometidos en su nombre o por su cuenta, y en su provecho, por las personas que tienen poder de representación en las mismas, se añade la responsabilidad por aquellas infracciones propiciadas por no haber ejercido la persona jurídica el debido control sobre sus empleados.

La responsabilidad penal de la persona jurídica podrá declararse con independencia de que se pueda o no individualizar la responsabilidad penal de la persona física.

Mecanismos de prevención y control

Aunque el Código Penal no establece cual ha de ser el sistema, será imprescindible contar con los correspondientes mecanismos de prevención y de control internos, al objeto de actuar con la debida diligencia y acotar así la responsabilidad penal de la empresa, limitando ésta  a las personas físicas directamente involucradas en los actos ilícitos. Las empresas deberán diseñar programas y procedimientos específicos y formar a las personas que vayan a encargarse de su ejecución y cumplimiento.

Fuente: BOE 23.06.2010

Compartir Internet con los vecinos es una práctica legal

septiembre 15, 2010

¿Vives en una casa con pocos vecinos donde cada uno de ellos paga un acceso a Internet, y quieres ahorrar?

Si la respuesta a ambas es afirmativa, sólo tienes que convencer a uno de los vecinos de que comparta su conexión. Según la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) es una práctica legal para la que no hay que pedir ningún permiso.

El Consejo de la CMT ha dictaminado que es perfectamente posible que unos vecinos se organicen para contratar un único acceso a Internet y compartir la señal. Hay, eso sí, tres condiciones:

1.- El wifi no está abierto al público en general y, por tanto, el número de usuarios del wifi no es masivo.

2.- Los vecinos no tienen ánimo de lucro y entre todos sufragarán los costes de la red.

3.- No es la misma comunidad de vecinos la que presta el servicio de acceso a internet mediante wifi ni ofrece un servicio de atención al cliente.

Asimismo, la CMT establece que los establecimientos comerciales también pueden ofrecer este servicio -previo pago o gratuito- sin inscribirse como operadores siempre que no sea su actividad principal y sólo disfruten de la conexión los clientes del local. Aún así, la mayor parte opta por ofrecer este servicio a través de un tercero que, normalmente, sí es un operador de telecomunicaciones.

Fuente: ElMundo.es 14.09.2010