La otra cara de las redes sociales

La Agencia Española de Protección de Datos ha comenzado a analizar las políticas de seguridad y privacidad de Facebook, MySpace y Tuenti con una prioridad: identificar qué aspectos no son acordes con la legislación.

Hace unos meses, una joven tomó una foto de su profesor de francés. La subió a Tuenti, la red social española para adolescentes. Otros compañeros entraron a insultar al profesor. Alguien denunció el caso a la dirección del centro, que expulsó a tres de los implicados. Es un caso real de las consecuencias que puede acarrear el uso indebido de las extendidas redes sociales.

La mitad de los internautas españoles se ha dado de alta en alguna de estas redes, según la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación. A finales de 2008, Universal McCann cifraba en 272 millones el número de usuarios en el mundo.

La UE prepara un dictamen para que las redes se adapten a la legislación comunitaria.

Atraídos por las ventajas de poder compartir información y fotos con los amigos, muchos olvidan la prudencia. ¿Se ha leído los términos y condiciones antes de registrarse? ¿Ha subido alguna foto de otra persona sin su consentimiento? ¿Tiene datos íntimos a la vista de todos? ¿Es consciente de que los ciberdelincuentes han dirigido su arsenal de ataques a estos sitios? ¿Sabe lo que hacen sus hijos cuando se pasan horas en Tuenti?

La polémica creada tras la intención fallida de Facebook de cambiar los términos del servicio, por los cuales el usuario cedería irrevocablemente y a perpetuidad la propiedad de todo el contenido publicado, ha hecho que por primera vez muchos internautas se pregunten qué derechos ceden cuando pulsan «sí acepto».

Cesión de información

La presión obligó a Facebook a dar marcha atrás, abrir sus términos a la discusión por parte de los internautas y formular un decálogo en el que, entre otras cosas, aseguran que «los usuarios son propietarios de su información».

Los juristas advierten de que los avisos legales de muchas de estas redes establecen la cesión de los derechos de explotación de los contenidos generados por el usuario en favor de la plataforma, algo desconocido por la mayoría de los internautas.

«La legalidad de muchas de estas redes se construye sobre una falacia, que es la existencia de un usuario supuestamente informado y consciente, cuando las estadísticas muestran que ni siquiera 1 de cada 100.000 lee las condiciones», incide Artemi Rallo, presidente de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

“Estos sitios adolecen de lagunas legales que deben subsanarse”, dice Rallo, de la AEPD.

La explosión de las redes sociales las ha situado en el radar de AEPD. En poco más de un mes, ha recibido una docena de denuncias, sobre todo, referentes a la publicación de fotos por parte de terceros sin consentimiento.

Tras presentar, junto con Inteco, un estudio sobre los riesgos de estos sitios, en estos momentos, está analizando las políticas concretas de Facebook, MySpace y Tuenti, las más utilizadas en España.

Las 27 agencias de protección de datos de la Unión Europea publicarán un dictamen conjunto a finales de abril para que las redes sociales se adecuen a la normativa europea. «Estos sitios han tenido un éxito tan brutal que su diseño adolece de lagunas legales que deben subsanarse. Tendrán que adecuarse para prestar estos servicios en España», asegura Rallo.

En su opinión, aunque no tengan sede social en nuestro país, al prestar un servicio a ciudadanos españoles tienen que cumplir la normativa, más estricta que la estadounidense.

Consejos

La percepción es que existe una falta de concienciación. Los expertos insisten en que no hay que olvidar el sentido común. Y dan algunos consejos para evitar sustos.

Los usuarios no suelen leer las condiciones de uso, escritas en un lenguaje complejo.

A la hora de registrarse, muchos usuarios no son conscientes de qué datos incluyen en su perfil público. «Por defecto, las redes suelen ofrecer la configuración más laxa, por lo que hay que navegar para establecer parámetros de privacidad», apunta Cristina Quesada, de Ernst & Young.

Las encuestas muestran que muchos internautas no saben que, al estar en las redes sociales, su perfil es indexado por los buscadores de Internet como Google. La AEPD considera que estas empresas deberían establecer, por defecto, estándares de seguridad y privacidad para evitar esta indexación y para asegurar que se protegen datos especialmente sensibles.

También alertan sobre la publicidad hipercontextualizada que pueden ofrecer debido al amplio conocimiento que tienen de los gustos de sus usuarios. «Desde el punto de vista legal, podría considerarse una práctica ilegal, ya que para poder contextualizar la publicidad que se va a mostrar a un usuario, se tienen que examinar sus datos y preferencias», apuntan.

Consentimiento

En este sentido, los juristas inciden en que los internautas deben dar su consentimiento ante cualquier recogida o uso de datos personales, tal como establece la normativa de protección de datos. «Es algo que debe aparecer de forma clara, no en la letra pequeña», apunta Cayetana Vela, abogada de Ernst & Young. También denuncian que en muchas de ellas no está claro ante quién debe reclamar.

Esta firma insisten en que el usuario debería conocer las garantías que existen en materia de intimidad en todos aquellos servicios online donde facilita datos personales. «El que la gente se sienta confiada en que su intimidad está salvaguardada redunda directamente en las empresas, que hacen negocio con estos datos», comentan.

La AEPD cree que deberían eliminar la información después de un «tiempo prudencial» sin que el usuario haya usado el servicio. Además, no ve con buenos ojos el complejo proceso para cancelar las cuentas.

Los juristas también recuerdan que hay que tener mucho cuidado con el material que se sube a las redes: no se deberían colgar imágenes de terceros sin su consentimiento. Y si encontramos fotos o vídeos nuestros que vulneren el derecho a nuestra intimidad, debemos ponernos en contacto con el titular de la web para requerirle que retire el material.

Si no, se puede denunciar a la AEPD. Si ésta determina que se ha vulnerado la normativa de protección de datos, puede establecer una sanción económica que oscila entre los 600 y 600.000 euros.

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